No es nuevo que Santa Cruz tiene un grave problema con la vivienda. La pasada semana DIARIO DE AVISOS se hizo eco del desalojo de una joven madre y sus tres hijos del piso que había ocupado en Ofra, perteneciente a una entidad bancaria. Antes trascendió el caso de Carlos, con tres dependientes a su cargo, sobre el que pesa una orden de desahucio por el impago del alquiler. Su pensión no le da para más. Tampoco pagó en tiempo y forma Pepe su alquiler, por lo que fue desahuciado y ahora vive con su madre, Blanca Calderón, de cuyo caso de abandono en Madrid también se hizo eco este periódico. Ambos se han reunido en el Hogar Santa Rita del Puerto de la Cruz. Ante un problema tan grave, la experiencia piloto puesta en marcha por el Cabildo de Tenerife y gestionada por Cáritas, Base 25, cuyo objetivo es evitar el sinhogarismo sobrevenido, viene a demostrar que, con los recursos adecuados y el apoyo institucional, se evitaría que muchas de estas personas acabaran literalmente en la calle.
Pero este proyecto también sirve para analizar las causas que llevan a las familias a tan drástica situación. Sin duda, la pérdida del empleo y los bajos ingresos económicos son la primera causa para que se vean abocadas al impago de alquileres e hipotecas, y acaben, en su caso, ocupando viviendas de bancos o de carácter público. Pero también la notable subida de los precios de los alquileres, principalmente por la presión del alquiler turístico, dificulta en extremo que las familias puedan hacer frente a los pagos o buscar nuevos alquileres.
En el caso concreto de Santa Cruz, este proyecto, que nació hace casi un año con el objetivo fundamental de cubrir las necesidades más inmediatas en vivienda, ha atendido a 233 personas, 134 adultos y 99 niños, repartidos en 73 expedientes. Es el municipio que más atenciones ha registrado, con el 28% del total de asistidos por el proyecto en toda la Isla (832). Gracias a la intervención desarrollada con estas familias se han cerrado 46 expedientes y se mantiene la intervención en 27.
Múltiples barreras
Las conclusiones de este primer balance son del todo desoladoras, revelando las graves consecuencias que la pobreza y la exclusión tienen en el municipio, pero también las enormes dificultades que las familias en situaciones límite soportan para recuperar el equilibrio. Unos datos que, por ejemplo, constatan que el gran problema de los desahucios que se están produciendo en el municipio obedece al impago de alquileres privados, de forma que el 58% de las familias atendidas se encontraban en esta última situación. Ejecuciones hipotecarias (10%), ocupaciones de pisos de bancos (7%) o de viviendas públicas (5%) son otras de las situaciones descritas en el informe al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS. En cuanto al perfil de participantes, se contemplan familias, nucleares o monomarentales. Llama la atención que la mayoría de ellas han llegado al proyecto por iniciativa propia (el 31,7%). El resto de las derivaciones vienen de la mano del Ayuntamiento de Santa Cruz (24%), de las parroquias (17%) o de entidades sociales (12%).
Las causas por las que una familia se enfrenta al riesgo de perder la vivienda habitual no se producen de un día para otro. Como detalla Cáritas, son la consecuencia de diferentes factores externos e internos. Por eso habla la entidad de multicasuística. Sin embargo, la conclusión a la que se llega es que muchas de las familias atendidas han tenido un problema de vivienda sobrevenido tras un drástico cambio en el nivel de vida, casi siempre asociado al empleo. Por tanto, son familias en riesgo de perder su vivienda habitual, porque carecen de ingresos económicos suficientes. Además, se registran casos de familias con problemas estructurales. El programa Base 25 permite además analizar las causas que provocan que a las familias les sea tan difícil encontrar una solución habitacional. Así, se detalla que hay barreras significativas que han impedido que puedan acceder a viviendas, a pesar de la intervención solidaria, barreras que Cáritas califica de “auténticos muros”, ajenos a las familias.
El primer obstáculo que recoge el informe es el de los alquileres fraudulentos. Afirma que se han encontrado con varios casos de ocupaciones sobrevenidas y/o alquileres fraudulentos. Se trata de personas que buscaron un alquiler en el que no se pedían demasiados requisitos, por lo que han podido entrar a pesar de no tener avales o de carecer de contrato de trabajo, y una vez la persona ha estado en la vivienda, a partir de alguna irregularidad o de una notificación externa se ha enterado de que la persona que le alquiló no es la propietaria real. “Esto deja a las familias en una situación de desamparo, ya que han puesto el poco dinero que tenían a disposición de estas personas y ahora no pueden encontrar alternativa”. Según se refleja, para evitar este problema, a los participantes del programa que contratan nuevos alquileres se les está instando a solicitar notas simples de las viviendas en el registro de la propiedad.
Alquiler vacacional
El segundo de los inconvenientes tiene que ver con el ya mencionado alquiler vacacional. Así, se detalla que el mercado de las viviendas de alquiler es cada vez más limitado, y las que se ofrecen como alquiler vacacional van en aumento. Un número significativo de propietarios privados ya no alquila a las familias con contratos de arrendamiento urbano de vivienda habitual, sino que prefieren explotar su propiedad como “alquiler vacacional”, ya que cuadruplican los beneficios. “Esto está pasando no solo en zonas turísticas, sino en todo el sur de la Isla, incluso en las zonas más rurales, donde tradicionalmente han vivido trabajadores y trabajadoras vinculadas a la hostelería y al turismo en general”, detalla el informe.
A estos factores se suma una tercera barrera, la de disponer solo de unos ingresos limitados frente a esa subida de los precios del alquiler en la ciudad. “Todas las familias susceptibles de entrar en el programa carecen de ingresos económicos o estos son mínimos. Las que no cuentan con ingresos económicos, de ninguna manera pueden pagar un alquiler. Y las que los tienen muy bajos, solo pueden dedicar una parte pequeña de estos a pagar la vivienda, por lo que el 12% de sus ingresos sería aceptable, pero un alquiler de mercado es inaccesible”, admite Cáritas. De hecho, denuncia que han constatado en los últimos meses un notable encarecimiento de los precios del mercado. “Esta situación es especialmente acuciante en toda la zona sur de la Isla, pero se manifiesta cada vez con mayor fuerza en el área metropolitana”.
Por si fuera poco, los requisitos de acceso no lo ponen nada fácil. “Los arrendadores exigen garantías mínimas de que sus pisos pueden ser pagados durante la vigencia del contrato, por lo que piden a sus inquilinos aportar nóminas estables y/o avales”. Cáritas además se ha encontrado con una realidad muy cruel: “Muchos propietarios de vivienda se están negando a alquilar a familias con menores, ya que existe una falsa creencia sobre que no se las puede desahuciar ni siquiera judicialmente”. La siguiente piedra en el camino tiene que ver con la fianza: “No es justificable, porque es un dinero que, a priori, las familias van a recuperar. En los casos en los que las unidades familiares carecen de ingresos, aunque desde el proyecto Base 25 se les abonen las primeras mensualidades, sigue quedando al descubierto”.
Publicado en el Diario de Avisos (foto: Andrés Gutiérrez)
Actualizado 9 julio, 2018
