Cinco años después de la entrada en vigor del RD Ley 16/2012 y las sucesivas normas del Gobierno de Canarias, las organizaciones integrantes de la Coalición por el Derecho a la Salud: Cáritas Diocesana de Canarias, Yo Sí Atiendo, Médicos del Mundo, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Acción en Red Canarias-Migrando y Cáritas Diocesana de Tenerife, continúan acompañando y recopilando situaciones de personas que no pueden acceder al sistema sanitario con normalidad, y denunciando las consecuencias de la normativa excluyente en Canarias.
Paralelamente a los casos de falta de asistencia sanitaria somos testigos del efecto disuasorio y atemorizante que tienen las actuaciones administrativas y la ausencia de una información adecuada, comprensible, accesible y asequible en la población que podría beneficiarse de la normativa en vigor. Desde la Coalición por el Derecho a la Salud y desde 2012 hemos recogido numerosas realidades de desinformación, información errónea y otras incidencias entre las personas que atendemos.
En nuestro acompañamiento a personas afectadas en situaciones de exclusión sanitaria en estos 5 años (no todos llegan a nuestros servicios), constatamos por ejemplo, la desinformación de pacientes y personal de administración, dificultades lingüísticas y culturales; incumplimiento de las excepciones protegidas por el Real Decreto con casos de NEGACIÓN DE ATENCIÓN A EMABARAZADAS, MENORES Y URGENCIAS; familiares ascendientes en situación regular que quedan sin asistencia, exigencia del pago del 100% del gasto farmacéutico cuando la normativa estipula el 40% (para personas migrantes sin recursos); y procesos de facturación generados a posteriori de la atención hospitalaria URGENTE.
La mayoría de las comunidades autónomas del estado español han aprobado medidas con la intención de contrarrestar los efectos negativos de la reforma sanitaria. Estas medidas/parches no han garantizado el acceso universal a la salud. En Canarias, la tercera Orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, introdujo algunas modificaciones sin lograr revertir la situación de exclusión que instauró la norma estatal, vigente hace 5 años.
LA NORMATIVA CANARIA VIGENTE desde 10 de diciembre de 2015 ES INSUFICIENTE en comparación con los avances en otras comunidades autónomas. Por ejemplo en:
1. Acceso a la información: no cumple con el deber de informar a la ciudadanía, mediante una amplia campaña de difusión de su derecho a ser atendidos y atendidas, como han hecho Madrid y Baleares.
2. Empadronamiento: exige el requisito del empadronamiento para personas que no pueden tramitarlo; otras comunidades no lo exigen en este caso, como Andalucía, Baleares y Navarra o bien, previendo excepciones que faciliten el trámite como ha hecho Aragón, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla La Mancha y Cantabria.
3. Atención en otras comunidades autónomas: no facilita la atención en otras comunidades autónomas cuando en Canarias no contamos con el procedimiento, técnica o tecnología necesarios para la adecuada atención como ocurre en la Región de Murcia y Castilla La Mancha.
4. Personas de la UE: no facilita el acceso al sistema sanitario de aquellas personas comunitarias que tengan dificultades para conseguir el certificado de no exportación del seguro sanitario como ha hecho la Región de Murcia.
5. Universalizar el derecho a la salud: no cumple con su compromiso de recuperar la universalidad llegando al límite de sus competencias para garantizar el acceso al sistema sanitario de todas las personas. Por ejemplo, en vez de un parche, aprobar una ley de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos de la comunidad canaria para todas las personas residentes en la comunidad como hizo recientemente Cataluña.
6. Personas excluidas: esta norma tampoco contempla la inclusión de personas reagrupadas ascendientes o mayores de edad sin contrato laboral, que se encuentran en situación regular en nuestra comunidad y que, al igual que el resto de residentes en Canarias, contribuyen al pago de la sanidad pública a través de sus impuestos.
Por esta razón, seguimos haciendo hincapié en que el Real Decreto Ley ha generado un auténtico sistema de exclusión que no se corresponde con el ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD que venimos demandando desde hace ya 5 años.
Con todo lo anteriormente citado queremos, las organizaciones integrantes de la Coalición por el Derecho a la Salud:
1. Instar al gobierno de España a reformar el Real Decreto Ley 16/2012 y el subsiguiente Real Decreto 1192/2013 con el objetivo de volver a la SANIDAD UNIVERSAL y a los principios rectores que definen el Sistema Nacional de Salud español desde 1986. Y la derogación de todas las medidas de copago sanitario.
2. Solicitar al Parlamento de Canarias aprobar una ley de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos de la comunidad canaria para todas las personas residentes.
3. Exigir al Gobierno de Canarias la implantación de un servicio de tele-traducción las 24 horas en todos los centros sanitarios de Canarias para atender las necesidades lingüísticas de casi 233.300 personas de habla no hispana en Canarias como en Madrid, Andalucía y Aragón; y promover la mediación cultural en el ámbito sanitario.
Actualizado 6 septiembre, 2017
